Bastó que el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de la República, Édgar Núñez Román, dijera que estudia presentar un proyecto de ley para amnistiar a oficiales y subalternos de nuestras fuerzas del orden –perseguidos judicialmente por las ONG politizadas– para que un cargamontón mediático le cayera encima.
A la luz de la justicia y de los principios morales, la idea de amnistiar a soldados y policías (cuyas honras en mucho casos han sido manchadas falsamente por supuestos actos violatorios de los derechos humanos) no puede ni debe ser descartada de plano. Por el contrario, la iniciativa dice mucho de la consideración de un congresista y –por qué no– de otras autoridades del país, quienes están preocupados en el tema y quienes podrían ser los intermediarios de la gratitud de la patria con los uniformados que pusieron el pecho frente al terrorismo que decidió acabar con la paz y la democracia.
La forma como han reaccionado aquellas ONG –y la prensa adscrita a sus intereses económicos y políticos– ante el planteamiento del congresista Núñez, demuestra una enorme falacia al engañar sin empacho a la opinión pública argumentando que una ley de amnistía es imposible porque lo prohíben las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En principio, dichas ONG olvidan que cualquier ventaja de la cual ahora gozan se debe a que durante el paniaguato y el toledismo se dedicaron a edificar su particular andamiaje jurídico para llevar al Estado peruano a la más completa indefensión –vía allanamientos y otras traiciones– ante los togados de San José.
Además, tampoco consideran esas ONG –negociantes y sabihondas en materia de derechos humanos– que en el tratado suscrito por el Perú para reconocer a la Comisión y a la Corte IDH, nuestro país no capitula su soberanía, encarnada ésta en su Congreso y en los representantes democráticamente elegidos en las urnas. De modo que de manera alguna se puede castrar la posibilidad que el Perú plantee –o discuta en su propio Parlamento– una ley de amnistía. Una ley es un acto soberano frente al cual la CIDH no tiene por qué ser tomada en cuenta. Ya bastante vienen traficando las ONG con los conceptos de “lesa humanidad” y “violación de los derechos humanos” como para perseguir mediáticamente a un congresista. Pero así como distinguimos a aquellos salvajes del grupo Colina que mancharon el uniforme militar con sus crímenes, también reconocemos que cientos de militares y policías están siendo injustamente procesados.
Lamentamos que, en medio de esta venganza jurídica –precisamente contra los vencedores que pacificaron al país– las ONG se hayan valido para conseguir sus fines de tremendo engaño –ergo corrupción– de la que pocos políticos se atreven a hablar por temor al castigo infinito del poder mediático de las ONG. Con chantajes y presiones sobre la administración de justicia, éstas han ganado espacio. Por ejemplo, haciendo que jueces y fiscales prologuen libros editados por esas ONG; entregando cátedras a determinados magistrados en universidades que dominan las ONG; o amenazando a éstos con removerlos si no piensan conforme a la ideología progre; organizando capacitaciones o seminarios con temas, contenidos y material elaborado por las ONG; y lo que es peor, haciendo que esas ONG sean poderosos estudios jurídicos encubiertos, con la ventaja que los miembros de esos bufetes son a la vez directivos de asociaciones y lobbistas en cortes internacionales. Esta forma de corrupción debe acabar
A la luz de la justicia y de los principios morales, la idea de amnistiar a soldados y policías (cuyas honras en mucho casos han sido manchadas falsamente por supuestos actos violatorios de los derechos humanos) no puede ni debe ser descartada de plano. Por el contrario, la iniciativa dice mucho de la consideración de un congresista y –por qué no– de otras autoridades del país, quienes están preocupados en el tema y quienes podrían ser los intermediarios de la gratitud de la patria con los uniformados que pusieron el pecho frente al terrorismo que decidió acabar con la paz y la democracia.
La forma como han reaccionado aquellas ONG –y la prensa adscrita a sus intereses económicos y políticos– ante el planteamiento del congresista Núñez, demuestra una enorme falacia al engañar sin empacho a la opinión pública argumentando que una ley de amnistía es imposible porque lo prohíben las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En principio, dichas ONG olvidan que cualquier ventaja de la cual ahora gozan se debe a que durante el paniaguato y el toledismo se dedicaron a edificar su particular andamiaje jurídico para llevar al Estado peruano a la más completa indefensión –vía allanamientos y otras traiciones– ante los togados de San José.
Además, tampoco consideran esas ONG –negociantes y sabihondas en materia de derechos humanos– que en el tratado suscrito por el Perú para reconocer a la Comisión y a la Corte IDH, nuestro país no capitula su soberanía, encarnada ésta en su Congreso y en los representantes democráticamente elegidos en las urnas. De modo que de manera alguna se puede castrar la posibilidad que el Perú plantee –o discuta en su propio Parlamento– una ley de amnistía. Una ley es un acto soberano frente al cual la CIDH no tiene por qué ser tomada en cuenta. Ya bastante vienen traficando las ONG con los conceptos de “lesa humanidad” y “violación de los derechos humanos” como para perseguir mediáticamente a un congresista. Pero así como distinguimos a aquellos salvajes del grupo Colina que mancharon el uniforme militar con sus crímenes, también reconocemos que cientos de militares y policías están siendo injustamente procesados.
Lamentamos que, en medio de esta venganza jurídica –precisamente contra los vencedores que pacificaron al país– las ONG se hayan valido para conseguir sus fines de tremendo engaño –ergo corrupción– de la que pocos políticos se atreven a hablar por temor al castigo infinito del poder mediático de las ONG. Con chantajes y presiones sobre la administración de justicia, éstas han ganado espacio. Por ejemplo, haciendo que jueces y fiscales prologuen libros editados por esas ONG; entregando cátedras a determinados magistrados en universidades que dominan las ONG; o amenazando a éstos con removerlos si no piensan conforme a la ideología progre; organizando capacitaciones o seminarios con temas, contenidos y material elaborado por las ONG; y lo que es peor, haciendo que esas ONG sean poderosos estudios jurídicos encubiertos, con la ventaja que los miembros de esos bufetes son a la vez directivos de asociaciones y lobbistas en cortes internacionales. Esta forma de corrupción debe acabar
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