La ley de Lynch

Lo que ha ocurrido con Daniel Saba y César Gutiérrez nos ha transportado en el túnel del tiempo. Estamos otra vez como en el 2001, cuando surgió ese monstruo llamado “sistema anticorrupción”, dominado por los caviares. Apenas surge alguna denuncia, automáticamente pone su maquinaria en marcha. Funciona bajo la premisa que todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Y se apoya en una argolla mediática que prepara el terreno ante la opinión pública y a la que no le importa demoler honras.

Los que caen en sus manos sufren instantáneamente comparecencia restringida, caución, embargo de sus bienes y congelamiento de sus cuentas. Y ojo que éstos son los afortunados. Los otros reciben arresto domiciliario o van directo a prisión mientras dura el proceso, que suele ser muy pero muy largo.

Se entiende que en el caso de Químper y Arias Schreiber deba tomarse algún tipo de medida cautelar. Pero, ¿los presidentes de Perupetro y Petroperú merecen este trato? ¿Y los funcionarios de menor rango de ambas empresas? Ejecutivos de carrera que de un día a otro se quedan sin trabajo y metidos en una pesadilla legal solo porque se presume que podrían estar comprometidos.

Y claro, León fugó y eso está mal. Pero seamos francos: ¿usted se pondría a derecho si el presidente de la República lo califica de “rata” y pide al pueblo que le aplique la ley de Lynch, como a los hermanos Gutiérrez (o sea, que lo cuelguen) si es que la justicia no lo condena? Todos merecemos la presunción de inocencia. Hasta Rómulo León, con quien por cierto, como se dice en los juicios, no nos une ningún vínculo de amistad o parentesco (y al que nunca hemos llamado por teléfono fijo ni celular).

Pésimo el manejo de este asunto. A personas honorables como Saba y Gutiérrez –y a los funcionarios de menor rango de Perupetro y Petroperú– debieron citarlos como testigos. Y solo incluirlos en la denuncia penal si en el curso de la investigación judicial llega a demostrarse, cosa que dudamos, algún tipo de ilícito.

Y mejor no hablemos del daño que se le está haciendo a las inversiones al denunciar penalmente a inversionistas extranjeros que también debieron ser incluidos como testigos. Y al desprestigiar a las empresas petroleras estatales. ¿A quién beneficia todo esto? Ojalá se mida con la misma vara a los chuponeadores que están detrás de todo esto. Y se descubra qué se traen entre manos. Porque no nos tragamos el cuento que los guía un afán moralizador. Como dicen los gringos, follow the money...