Se acerca el final de la gestión de Genaro Matute al frente de la Contraloría General de la República (CGR). Uno de los criterios fundamentales para designar al nuevo contralor es que sea un profesional independiente, calificado y honesto. En segundo lugar, que resulte nombrado tras un riguroso concurso público entre los mejores candidatos depurados por los canales apropiados del Estado de una lista de no más de cinco postulantes, de la que el Poder Ejecutivo elegirá una terna para que finalmente el Congreso escoja entre los tres seleccionados al máximo jefe de la CGR.
Este mecanismo previo resulta interesante. Pero en paralelo tampoco debemos ponernos una venda en los ojos y pasar inadvertido que la raíz de los problemas existentes en el sistema de control del país no solo depende de quién esté al frente del sistema de supervisión, sino que estriba además en las fallas de la propia estructura fiscalizadora, en los procesos engorrosos que administra y en los interminable trámites burocráticos, lo que sumado determina que la CGR sea un ente paquidérmico, nada previsor y generalmente ineficaz para realizar las auditorías al mundo estatal que tanta falta hacen.
Por otro lado, la percepción ciudadana también cuenta. Y si la opinión pública conoció hace siete años que el contralor Matute fue designado, sobre todo, por su clara amistad con el ex presidente Alejandro Toledo –y así lo entendió el pueblo a raíz de la cercanía que existió mientras ambos personajes compartieran cátedra en una institución de estudios de postgrado–, entonces comprobamos que la desconfianza en la Contraloría se produjo desde aquel primer momento, complotando aquello contra la propia credibilidad de una gestión que siempre debe conducirse –por encima de amistades– respetando la imparcialidad técnica y la visión especializada en la lucha contra la corrupción. Este inicial halo negativo acabó por generar dudas sobre la actual CGR
De manera que se debe mejorar fundamentalmente la prevención (control antelado) y la iniciativa de la CGR, en dos planos: el de los recursos humanos, comenzando por designar a un buen contralor; y el de los procesos administrativos a cargo de esa entidad. En consecuencia, en tanto corresponda al presidente de la República y al Poder Legislativo coordinar que resulte nombrado contralor el mejor candidato, esperamos que, escogido el postulante, éste exhiba desde el primer momento seriedad para enfrentar radicalmente a la corrupción. Ahora bien, señores políticos, tengan en cuenta que la opinión pública se resentiría si el actual contralor permanece por tiempo indefinido en el cargo por falta de consenso entre los grupos congresales, como ocurrió cuando el país experimentó por años un entrampamiento en la elección del Defensor del Pueblo. No queremos que aquello se repita en la CGR.
Este mecanismo previo resulta interesante. Pero en paralelo tampoco debemos ponernos una venda en los ojos y pasar inadvertido que la raíz de los problemas existentes en el sistema de control del país no solo depende de quién esté al frente del sistema de supervisión, sino que estriba además en las fallas de la propia estructura fiscalizadora, en los procesos engorrosos que administra y en los interminable trámites burocráticos, lo que sumado determina que la CGR sea un ente paquidérmico, nada previsor y generalmente ineficaz para realizar las auditorías al mundo estatal que tanta falta hacen.
Por otro lado, la percepción ciudadana también cuenta. Y si la opinión pública conoció hace siete años que el contralor Matute fue designado, sobre todo, por su clara amistad con el ex presidente Alejandro Toledo –y así lo entendió el pueblo a raíz de la cercanía que existió mientras ambos personajes compartieran cátedra en una institución de estudios de postgrado–, entonces comprobamos que la desconfianza en la Contraloría se produjo desde aquel primer momento, complotando aquello contra la propia credibilidad de una gestión que siempre debe conducirse –por encima de amistades– respetando la imparcialidad técnica y la visión especializada en la lucha contra la corrupción. Este inicial halo negativo acabó por generar dudas sobre la actual CGR
De manera que se debe mejorar fundamentalmente la prevención (control antelado) y la iniciativa de la CGR, en dos planos: el de los recursos humanos, comenzando por designar a un buen contralor; y el de los procesos administrativos a cargo de esa entidad. En consecuencia, en tanto corresponda al presidente de la República y al Poder Legislativo coordinar que resulte nombrado contralor el mejor candidato, esperamos que, escogido el postulante, éste exhiba desde el primer momento seriedad para enfrentar radicalmente a la corrupción. Ahora bien, señores políticos, tengan en cuenta que la opinión pública se resentiría si el actual contralor permanece por tiempo indefinido en el cargo por falta de consenso entre los grupos congresales, como ocurrió cuando el país experimentó por años un entrampamiento en la elección del Defensor del Pueblo. No queremos que aquello se repita en la CGR.


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